Salario mínimo: ¿el principio de su final? 

En Paraguay, esta conversación cobra aún más relevancia con la reciente promulgación de la Ley de MIPYMES, que en su artículo 45 permite a los empleadores de estas unidades productivas, abonar sobre una base no inferior al 80% del salario mínimo legal. Esta medida, que busca aliviar las cargas laborales de las MIPYMES y fomentar la formalización, abre un debate crítico sobre el futuro del salario mínimo y la relación entre el empleo formal e informal en la región. La propuesta de Argentina de eliminar completamente el salario mínimo, y la medida paraguaya que reduce la carga salarial, abren una reflexión profunda sobre cómo balancear los intereses de los empleadores con la protección de los derechos laborales fundamentales.La discusión sobre la eliminación del salario mínimo, como se ha planteado recientemente en algunos países de la región, está relacionada con el deseo de aliviar las cargas laborales sobre las pequeñas y medianas empresas. 

Sin embargo, al mismo tiempo, existe una contradicción fundamental: al eliminar el salario mínimo, se corre el riesgo de vulnerar un derecho constitucional básico de los trabajadores, que es el derecho a recibir una remuneración justa que les permita vivir dignamente (Artículo 92 de la Constitución de la República del Paraguay). Este derecho está estrechamente relacionado con las políticas de bienestar social y la igualdad de oportunidades, que son esenciales para el desarrollo sostenible y la estabilidad social de cualquier país. En este sentido, se enfrenta una tensión entre los intereses empresariales y los derechos laborales.

El principal desafío al que se enfrentan las MIPYMES es que la gran mayoría de ellas no pagan el salario mínimo, sino que operan en un régimen de informalidad donde los empleados reciben pagos por debajo de lo que marca la ley o ni siquiera están registrados. Esta informalidad genera una "economía paralela" que, si bien puede ofrecer flexibilidad a corto plazo, genera serios problemas en términos de protección social, ingresos fiscales, y estabilidad laboral para los trabajadores. Por tanto, al eliminar el salario mínimo legal, se corre el riesgo de institucionalizar esta informalidad, dejando a los trabajadores aún más expuestos a condiciones laborales precarias.

Algunas recomendaciones para un enfoque equilibrado:

1. Incentivos fiscales y económicos a la formalización: En lugar de eliminar el salario mínimo, se podrían crear incentivos para que las MIPYMES se formalicen, como reducciones impositivas, acceso a crédito, y exenciones temporales de ciertas cargas laborales, a cambio de cumplir con requisitos básicos de registro y pago de salarios dignos.
2. Descentralización de las políticas laborales: Permitir una mayor flexibilidad a las MIPYMES en función de su tamaño, ubicación y capacidad financiera podría ser una vía para equilibrar la necesidad de competitividad con la protección de los derechos laborales. Por ejemplo, en áreas rurales o de bajos recursos, donde los costos operativos son más altos, podrían existir modalidades de contratación diferenciadas.
3. Revisión y mejora del sistema de protección social: No es suficiente con eliminar el salario mínimo sin garantizar que los trabajadores continúen teniendo acceso a servicios esenciales, como la salud, la educación, y pensiones. La creación de un sistema de protección social más inclusivo y accesible es fundamental para que los trabajadores no se vean perjudicados por la informalidad laboral.
4. Fortalecimiento de la educación y formación profesional: Una de las principales razones por las cuales las MIPYMES no pueden cumplir con las obligaciones laborales es la falta de productividad y capacitación. El fortalecimiento de la educación y formación profesional es clave para que los empleados puedan generar más valor para las empresas y, a su vez, mejorar su calidad de vida.

Reflexión final

La eliminación del salario mínimo puede ser una medida tentadora para las MIPYMES que buscan aliviar sus costos, pero debe ser evaluada con cautela. Es fundamental encontrar un equilibrio que permita a las pequeñas empresas crecer, pero sin dejar de lado el bienestar y los derechos de los trabajadores. La informalidad laboral no es una solución sostenible para ninguna economía, y el reto consiste en construir un marco legal que fomente la formalización y el respeto por los derechos laborales al mismo tiempo.